MEMIN
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ver cómo los productores de esta película pretenden reescribir la historia basándose en el "fuente: créeme, por favor". Su audaz teoría de que "todo fue una decisión exclusivamente autónoma del mayor Santiago Martín Rivas" no solo es un chiste de mal gusto, sino que colisiona de frente contra toneladas de expedientes judiciales.
Lamentamos arruinarles el libreto, pero el Poder Judicial peruano, el proceso de extradición y el juicio histórico contra Alberto Fujimori dejaron clarísimo que el Grupo Colina no era el club de fans personal de Martín Rivas operando de forma aislada.
El "Pequeño" Detalle de la Cadena de Mando
Martín Rivas era el jefe operativo, sí, pero las investigaciones judiciales demostraron la existencia de una estructura de inteligencia militar clandestina incrustada en el propio aparato estatal.
Para refrescarles la memoria, el mismísimo exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, declaró ante la justicia que el entonces presidente Alberto Fujimori estaba perfectamente al tanto de las ejecuciones y de la existencia del Grupo Colina, gracias a los reportes de Vladimiro Montesinos. Es más, en sede judicial quedó probado que, tras las "hazañas" del grupo, se emitieron felicitaciones y reconocimientos oficiales. Un dato bastante curioso para un grupo que supuestamente "actuaba por su cuenta", ¿no?
Una Masterclass de Derecho: Autoría Mediata
Por más que le pongan música de suspenso a su película, tanto el sistema judicial peruano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya establecieron que los crímenes de La Cantuta fueron cometidos por un aparato organizado de poder.
El "Capricho" de Tergiversar a las Víctimas
Aquí viene el verdadero derrape ético y legal de la producción: pretender otorgarle rango cinematográfico a la difamación, llamando "terroristas" o "senderistas" a las víctimas de La Cantuta. Queridos productores: una obra audiovisual no tiene, ni tendrá jamás, competencia jurídica para redefinir la verdad legal ni para pasar por encima de la cosa juzgada.
El Poder Judicial y la Corte IDH han determinado hasta el cansancio que los estudiantes y el profesor de La Cantuta fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forced, y no existe —ni existió jamás— ninguna sentencia judicial que acredite que pertenecieran a organizaciones terroristas. Difundir lo contrario en una pantalla no es "libertad de expresión", es una flagrante violación legal.
El Marco Legal que la Película Decidió Ignorar
Por si necesitan asesoría legal gratuita para los créditos finales, les recordamos las normas constitucionales e internacionales que están violando alegremente:
En resumen: guarden la ficción para las películas de superhéroes. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad y del dolor de familias reales, la verdad judicial ya está escrita en piedra, por más que les duela a sus patrocinadores.
Lamentamos arruinarles el libreto, pero el Poder Judicial peruano, el proceso de extradición y el juicio histórico contra Alberto Fujimori dejaron clarísimo que el Grupo Colina no era el club de fans personal de Martín Rivas operando de forma aislada.
El "Pequeño" Detalle de la Cadena de Mando
Martín Rivas era el jefe operativo, sí, pero las investigaciones judiciales demostraron la existencia de una estructura de inteligencia militar clandestina incrustada en el propio aparato estatal.
Para refrescarles la memoria, el mismísimo exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, declaró ante la justicia que el entonces presidente Alberto Fujimori estaba perfectamente al tanto de las ejecuciones y de la existencia del Grupo Colina, gracias a los reportes de Vladimiro Montesinos. Es más, en sede judicial quedó probado que, tras las "hazañas" del grupo, se emitieron felicitaciones y reconocimientos oficiales. Un dato bastante curioso para un grupo que supuestamente "actuaba por su cuenta", ¿no?
Una Masterclass de Derecho: Autoría Mediata
Por más que le pongan música de suspenso a su película, tanto el sistema judicial peruano como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya establecieron que los crímenes de La Cantuta fueron cometidos por un aparato organizado de poder.
Para el cuaderno de notas de la producción: Alberto Fujimori no fue condenado por "no saber", sino bajo la figura jurídica de autoría mediata. Es decir, la responsabilidad penal vino desde la mismísima cúspide de la estructura estatal, no desde la ejecución material. La tesis del "loquito suelto" fue pulverizada en los tribunales hace años.
El "Capricho" de Tergiversar a las VíctimasAquí viene el verdadero derrape ético y legal de la producción: pretender otorgarle rango cinematográfico a la difamación, llamando "terroristas" o "senderistas" a las víctimas de La Cantuta. Queridos productores: una obra audiovisual no tiene, ni tendrá jamás, competencia jurídica para redefinir la verdad legal ni para pasar por encima de la cosa juzgada.
El Poder Judicial y la Corte IDH han determinado hasta el cansancio que los estudiantes y el profesor de La Cantuta fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forced, y no existe —ni existió jamás— ninguna sentencia judicial que acredite que pertenecieran a organizaciones terroristas. Difundir lo contrario en una pantalla no es "libertad de expresión", es una flagrante violación legal.
El Marco Legal que la Película Decidió IgnorarPor si necesitan asesoría legal gratuita para los créditos finales, les recordamos las normas constitucionales e internacionales que están violando alegremente:
- Constitución Política del Perú (Artículo 2, inciso 24.e): El principio de presunción de inocencia solo se desvirtúa con una sentencia judicial firme, no con las ocurrencias de un guion de cine.
- Constitución Política del Perú (Artículo 2, inciso 7): El derecho al honor y a la buena reputación protege también la memoria de los fallecidos frente a insultos y difamaciones sin sustento judicial.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículos 8, 11 y 25): Tratado internacional que garantiza el debido proceso, la honra, la dignidad y la tutela judicial efectiva de las víctimas y sus familiares.
En resumen: guarden la ficción para las películas de superhéroes. Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad y del dolor de familias reales, la verdad judicial ya está escrita en piedra, por más que les duela a sus patrocinadores.
